“Tras esta decisión, prometida y cumplida por nuestro presidente, Miguel Vargas, a los demás partidos y a otras organizaciones no les queda de otra que igualar al PRD, que de nuevo se pone al frente en materia de reconocimiento de derechos de la mujer”, expuso.
Sánchez dijo que en diferentes diagnósticos de la realidad social dominicana ha quedado establecido que la desigualdad de oportunidades para hombres y mujeres constituye una de las grandes rémoras de nuestro sistema democrático, que se expresa en los aspectos económico, social e institucional.
Razonó que, además de hacer justicia a la equidad de géneros, la reforma estatutaria del PRD impulsa la formación política e ideológica y la modernización y transparencia de los procesos orgánicos de esa organización.
Puntualizó que esos adelantos en el PRD son posibles debido al fortalecimiento institucional que se verifica en ese partido. Exhortó a las mujeres perredeístas a profundizar su empoderamiento del proceso de cambios que viene dirigiendo Miguel Vargas para adecuar al partido blanco a los nuevos tiempos.
Planteó que “con más mujeres en los puestos de dirección a todos los niveles, se ampliarán nuestras oportunidades de tener más poder para llevar a más compañeras a cargos de senadoras, diputadas, alcaldesas y regidoras e incluso para postular a una de nosotras a la presidencia de la República”.
La reforma aprobada por la Convención Nacional del PRD establece que “se modifica el Artículo 182 de los Estatutos del Partido para que de ahora en adelante digan de la siguiente manera: En el Comité Ejecutivo Nacional, su Comisión Política y todos los Comités provinciales, municipales, del distrito nacional y las seccionales del exterior, habrá paridad de género y por consiguiente, la mujer tendrá una participación de por lo menos 50% de sus respectivas membresías, lo que debe garantizarse a partir de los procesos de elección a realizarse en el porvenir”.
En una reforma anterior el PRD estableció el lenguaje de paridad de género en sus Estatutos, fue el primer partido en establecer la cuota positiva del 33% en los cargos de elección para puestos de representación estatal, antes de que fuera establecido por ley, pero es en la reforma actual que norma la igualdad en los cargos de dirección.
