El uso, manejo y destino irregular de los combustibles subsidiados por el
Estado se ha convertido en uno de los grandes fraudes y una millonaria fuente de
enriquecimiento ilícito y de actos de corrupción que permanecen impunes.
En virtud de esos subsidios, las arcas públicas, que deben servir para impulsar proyectos de interés general, se ven sensiblemente disminuidas, mientras se permite que grupos mafiosos trafiquen con los combustibles recibidos exentos de gravámenes.
El ciudadano común, que paga impuestos directos e indirectos en demasía, tiene que comprar combustibles con precios que fluctúan según el costo del petróleo, mientras el subsidio sólo nutre los bolsillos de grupos que operan en las sombras.
Esta anómala práctica no es nueva, pero últimamente por una serie de hechos ha quedado el descubierto su magnitud y la forma en que ha ido adquiriendo ramificaciones delictivas y criminales, sin que las autoridades hayan podido ponerle coto.
A la desorganización que caracteriza una buena parte del transporte público y que ha tenido episodios de violencia y absoluto desorden, ahora se ha sumado un ingrediente peligroso: el sicariato que ya ha producido asesinatos pendientes de esclarecimiento y justicia.
Las pugnas y rencillas por el control de rutas, que algunos gremios operan y defienden como si se tratara de una propiedad privada, tienen un largo historial y cada día se tornan más violentas, con saldos de muertos y heridos.
Los entes oficiales, principalmente la Oficina de Transporte Terrestre han permitido, por inacción o dejadez, que este problema haya crecido con el paso del tiempo, lo que tiende a agudizar el caótico desenvolvimiento del tránsito citadino.
Si las autoridades no actúan con la severidad debida y la Justicia deja de cumplir en este crucial caso su ejemplarizador papel, el sicariato seguirá creciendo como un monstruo indetenible en el transporte público.
La mafia con los combustibles subsidiados es la principal fuente de estos conflictos y persistirá si este mal no es erradicado de raíz con la aplicación de vigilancia y medidas que impidan su repetición.
En virtud de esos subsidios, las arcas públicas, que deben servir para impulsar proyectos de interés general, se ven sensiblemente disminuidas, mientras se permite que grupos mafiosos trafiquen con los combustibles recibidos exentos de gravámenes.
El ciudadano común, que paga impuestos directos e indirectos en demasía, tiene que comprar combustibles con precios que fluctúan según el costo del petróleo, mientras el subsidio sólo nutre los bolsillos de grupos que operan en las sombras.
Esta anómala práctica no es nueva, pero últimamente por una serie de hechos ha quedado el descubierto su magnitud y la forma en que ha ido adquiriendo ramificaciones delictivas y criminales, sin que las autoridades hayan podido ponerle coto.
A la desorganización que caracteriza una buena parte del transporte público y que ha tenido episodios de violencia y absoluto desorden, ahora se ha sumado un ingrediente peligroso: el sicariato que ya ha producido asesinatos pendientes de esclarecimiento y justicia.
Las pugnas y rencillas por el control de rutas, que algunos gremios operan y defienden como si se tratara de una propiedad privada, tienen un largo historial y cada día se tornan más violentas, con saldos de muertos y heridos.
Los entes oficiales, principalmente la Oficina de Transporte Terrestre han permitido, por inacción o dejadez, que este problema haya crecido con el paso del tiempo, lo que tiende a agudizar el caótico desenvolvimiento del tránsito citadino.
Si las autoridades no actúan con la severidad debida y la Justicia deja de cumplir en este crucial caso su ejemplarizador papel, el sicariato seguirá creciendo como un monstruo indetenible en el transporte público.
La mafia con los combustibles subsidiados es la principal fuente de estos conflictos y persistirá si este mal no es erradicado de raíz con la aplicación de vigilancia y medidas que impidan su repetición.
